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LA LEY DE IMPRENTA ES MÁS ANTIGUA QUE MI ABUELA

  • Foto del escritor: Marcelo R. Soza Álvarez
    Marcelo R. Soza Álvarez
  • 15 abr 2023
  • 5 min de lectura

Imagen obtenida de google publicada por Madeleyne Aguilar


“Los ideales que gobiernan a los pueblos hoy en día favorecen los antagonismos” esa es la respuesta que el afamado Psicoanalista S. Freud le responde en una carta al Físico A. Einstein EN 1933, cuando éste le pregunta el porqué de las guerras.

¿Qué tiene que ver Freud con lo que voy a manifestarles? Yo diría que todo, porque en el país vivimos una lucha polarizada permanente entre los unos y los otros, y esa lucha se manifiesta con mayor incidencia, cuando se requieren hacer algunos cambios internos en el país, al final los gobernantes deben perseguir el interés común de la mayoría y de las minorías y no así intereses de grupo, eso crea mayor fisura en nuestro decadente sistema democrático.

En los últimos días, la discusión general, está marcada por dos leyes que se quieren implementar en el país; la primera, referente a la ley de imprenta y otra sobre la ampliación de algunos tipos penales sobre terrorismo.

Ahora bien, haciendo un análisis político de la situación: no es ajeno a nadie que los grupos político partidista, cualesquiera sea el color de estos, siempre se sirvieron y pactaron con algunos dueños de medios de comunicación y con personas que sin ser periodistas de profesión se atribuían esa calidad, destruyendo la verdadera finalidad del periodismo que es la educación y la promoción de valores ético – morales diseminando una información verídica al ciudadano.

Ustedes se preguntarán ¿cuál la finalidad de que aquello suceda? Y la respuesta no es extraña al ciudadano, ese contubernio (prensa – política) bien remunerado, por cierto, obedece a la mantención o conservación del poder o de llegar a el de la manera más despreciable, utilizando la mentira como arma de manipulación de la voluntad ciudadana para obtener su consentimiento. Esa unión circunstancial que yo lo denomino perversa, puesto que socava el sistema democrático del país, al confundir a los ciudadanos que creen ciegamente, en sus gobernantes, en sus políticos y en sus medios de comunicación, no es más que un instrumento pernicioso orientado a enriquecer a algunos y empobrecer y destruir a otros.

Definitivamente esos obscuros acuerdos, destruyeron nuestra democracia, puesto que vemos hoy en día como los A acusan a los B y viceversa, y el beneficiario y división gestada entre hermanos son las élites, que se mantienen en el poder engañando al ciudadano, sangrando nuestra economía y fomentando la corrupción.

La preocupación del periodismo boliviano no es con la libertad de expresión, a ellos les interesa un comino aquello. Es tan mentiroso el argumento que utilizan cuando manifiestan que defienden la libertad de expresión, cuando eso no es así, puesto que ella está garantizada por la Constitución.

El trasfondo del problema que no quieren decir pasa por la situación económica; puesto que, si existiese una ley que sancione las mentiras económicamente, con seguridad se mataría a la gallina de los huevos de oro, y algunos medios, ya no pudiendo engañar al pueblo a cambio de dinero inevitablemente perecerían. Así como inevitable sería también el re surgimiento de periodistas honestos y éticos con formación académica, que fueron relegados por el poder al ser contestatarios a estos. Ellos mantenían una línea de conducta honesta y eso les costó el ser visto por sus propios colegas como parias, Al final serían estos últimos los que ganarían más espacio y credibilidad en la sociedad.

La libertad de expresión es uno delos pilares de nuestra democracia, sin embargo, la libertad de expresión no quiere decir que ella pueda ser utilizada para causar daño a personas o a la propia democracia.

En el campo jurídico, vemos que la Constitución boliviana garantiza la libertad de expresión y a ella coloca ciertos límites cuanto esta afecta intereses de terceros, ¿Qué quiere decir esto? Simple y llanamente que a título de libertad de expresión no se puede difamar, calumniar o injuriar a alguien, eso ya constituye delito y debe ser sancionado. La otra pregunta es ¿Quién debe sancionar esos actos contrarios a la ley? La respuesta es simple, la justicia ordinaria, porque TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY Y NADIE GOZA DE PRIVILEGIOS QUE LA CONSTITUCIÓN NO OTORGA. Esto quiere decir que si un periodista, calumnia difama o injuria, al igual que lo podría hacer un carpintero, o mecánico un médico, Abogado o cualquier persona, debe ser juzgado por la justicia ordinaria, no porque a alguien se le ocurra esto, sino porque la Constitución así lo establece.

Otra cosa muy distinta es que el periodista, Abogado, médico, etc. Se aparten de los padrones de la ética y la moral descritos en el código de ética elaborados por ellos mismos; en este caso será un tribunal formado por esos profesionales del ramo quienes establezcan que tipo de sanción administrativa será pasible el infractor y eso en ningún momento es cuestionado.

En este contexto, los medios de comunicación tienen la facultad según la constitución a crear su propio código de ética profesional, así como lo tienen la asociación de médicos, abogados, ingenieros, o cualquier institución que esté legalmente registrada en el país, esto permite el juzgamiento de sus asociados, además de ello la constitución le garantiza al periodista el sigilo profesional, esto quiere decir que, el periodista en tesis, no tendría la obligación de revelar su fuente de información, sin embargo éste se hace responsable por lo que esa fuente diga (ES OBLIGACIÓN QUE EL PERIODISTA VERIFIQUE LA INFORMACIÓN, SI ESTA ES VERÍDICA O NO, porque si no lo hace puede responder por daños a terceros) exceptuando algunas situación extremas donde el secreto profesional no opera, y eso se aplica también al abogado, al médico, etc.

Con base en lo argumentado precedentemente, vemos primero que la Ley de Imprenta de 1925, está en desuso, va en contra del sistema constitucional del país no solo de la actual constitución sino de las anteriores.

La ley de imprenta de 1925 no contempla ni reglamenta el uso de la difusión de radio por ejemplo ni de la televisión peor aún las nuevas tecnologías de la información. La ley de imprenta se hizo cuando la radio aún estaba desarrollándose y no existía masivamente como lo conocemos hoy, la televisión recién hace su primera transmisión en 1936 ni internet no tiene ni 3 décadas, entonces ¿cómo pueden sostener algunas personas y defender la ley de imprenta que está completamente en desuso?

Ese argumento cae por su propio peso. Lo que se debe hacer es sentarse a negociar todos los sectores y comenzar a delinear políticas de como contener y castigar las noticias falsas porque eso socava el sistema democrático del país, se debe pensar inclusive en restringir el acceso de personas utilizando cuentas anónimas o falsas cuyo objetivo central es desinformar al ciudadano, puesto que si OCULTA SU IDENTIDAD ES PORQUE ESA PERSONA ES PROPENSA A COMETER DELITO DESDE LA CLANDESTINIDAD, es eso lo que se debe buscar al proyectar la nueva ley.

Al final todos queremos vivir en democracia, y ello será posible cuando la información que se nos transmita sea confiable, verídica y educativa.

 
 
 

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Marcelo

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