¿EL PARLAMENTO REALMENTE CUMPLE UNA FUNCIÓN EN FAVOR DEL PUEBLO QUE LO ELIGIÓ?

O POR EL CONTRARIO CUMPLE UNA FUNCIÓN EN BENEFICIO DE UN PARTIDO POLÍTICO

Sin duda cabe que la Presidente Interina se evitó un juicio que se le podía iniciar a futuro, ya que con su actuación reciente, cumplió fielmente la letra taxativa de la Constitución Política del Estado separando al Ministro de Defensa de esa cartera de Estado, demostrando que la Constitución está por encima de cualquier interés.

Bajo esta premisa, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿para qué nos sirve el parlamento?

Si bien es cierto que parte de los parlamentarios son representantes genuinos del pueblo (UNINOMINALES) porque los otros, solo obedecen a intereses mezquinos, ahí la falla del sistema boliviano, ya que los parlamentarios plurinominales al igual que los Senadores son indicados al DEDO por el Jefe de Partido o sus allegados, lo que constituye que esa obediencia del parlamentario, sea al partido político y no al pueblo que votó en las urnas, (cambiar este sistema es imperioso para nuestro país)

Como producto del avasallamiento partidario el anterior gobierno (MAS) se encargó de cooptar los dos tercios del parlamento, además de haber tomado la justicia, que lo utilizó siempre para beneficios partidarios y de grupo, desechando el verdadero sentido democrático del Estado que significa "QUE TODA INSTITUCIÓN PÚBLICA DEBE SERVIR AL PUEBLO PORQUE EL PODER DERIVA DE ELLA".

La SOBERANÍA reside en el pueblo, y los poderes del Estado son producto del poder popular, donde cada uno de ellos tiene una específica función, ahí reside la independencia de poderes.

Lo cierto es que el PARLAMENTO se ha vuelto en un APÉNDICE del partido político, que vela esos intereses y que si bien dicen “representar al pueblo” no cumplen su mandato fielmente en beneficio de este.

Durante muchos años, Se hizo una mala práctica por parte de parlamentarios que además de no conocer la Constitución, vienen violando permanentemente la independencia de los demás poderes del Estado, haciendo con ello un secuestro legislativo de nuestra democracia.

Ni que decir del poder Ejecutivo, que casi siempre se CREE JUEZ violando la independencia del poder judicial.

O el propio poder judicial que se convirtió en un botín político, obedeciendo al poder de turno, incumpliendo el verdadero sentido democrático de esa sagrada Institución, que es el de precautelar la ley; y que por esta sumisión, ha dejado que los otros poderes lo avasallen y lo manoseen.

Ahora bien, debemos también cuestionarnos lo siguiente:

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA INTERPELACIÓN?

En su generalidad y para no ingresar en especificidades de lo que es una interpelación, solo veremos el objetivo general de ésta, que es el de FISCALIZAR los recursos del Estado; con este parámetro diremos que, que cada Ministerio tiene una función específica y un presupuesto asignado de acuerdo a la ley orgánica, entonces ahí viene el control de otro poder del Estado como lo es el legislativo. La función del legislativo es el de velar esos gastos presupuestarios otorgados a esos Ministerios como producto de su función ejecutiva, o si esos dineros realmente están siendo utilizados para la finalidad a la cual fue asignada; o por el contrario, si existe alguna omisión por parte de algún ministerio en ejecutar algún proyecto ya planificado, etc.

Sobre esa base ¿PORQUE LOS PARLAMENTARIOS piden informes de todo y de nada violando la independencia de poderes e inmiscuyéndose en atribuciones que la Constitución no les otorga? Cuando su atribución constitucional básicamente es la de legislar (emitir leyes). Y no de protección partidaria que degenera en una mala función legislativa.

El parlamento actualmente no tiene un norte, si antes votaban según dictamen del ejecutivo, ahora están perdidos y el haberles dado una cierta libertad de decisión hizo que no sepan para que están en ese cargo.

Si vemos las atribuciones de la Asamblea Legislativa y analizamos el artículo 158 inciso 17, mal utilizado por parlamentarios inescrupulosos que creen que fiscalizar es sobreponerse a los otros poderes del Estado, solicitando informes que en la mayoría de los casos constituye una VERDADERA INTROMISIÓN POLÍTICA HACIA LOS OTROS PODERES, ya que el sentido de la palabra FISCALIZAR, que le da la Constitución como una de las atribuciones al parlamento, significa que deben controlar en que se gasta el presupuesto del Estado y si los demás poderes del Estado están ejecutando ese presupuesto de acuerdo a lo planificado. Ese es el sentido estricto que la Constitución le da a esa palabra, porque así están sentadas las bases de nuestra democracia e interdependencia de poderes.

Creo yo en mi humilde conocimiento, que esa atribución dada al parlamento (FISCALIZAR PORQUE AHÍ NACE EL ABUSO DE PODER) está por demás dentro de nuestra Constitución porque existen otras dos instituciones públicas que ya hacen esta función, como lo es la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO que se encarga de hacer auditorías a las Instituciones sobre el gasto público y establecer responsabilidades y la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO encargada de defender promover y precautelar los intereses del Estado, es decir que cuando un funcionario público ingrese en actos de corrupción, previo informa de la Contraloría es este último organismo encargado de realizar la persecución penal como víctima en defensa del Estado y el Ministerio Público defenderá los intereses de la sociedad.

Actualmente vemos también que, algunos Ministerios o viceministerios, realizan denuncias a diestra y siniestra sin pensar que están cometiendo delitos de USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO, porque esa no es su función privativa de ellos, sino de otros Órganos del Estado.

En síntesis, si existe atropello por parte del parlamento o extrapolación en sus funciones, cabrá al Poder Judicial poner un freno a ese abuso parlamentario, activándose para ello los mecanismos constitucionales que la ley otorga a cada uno de los ciudadanos y a cada uno de los poderes y dar fin a ese abuso; Esto solo será posible con un PODER JUDICIAL INDEPENDIENTE, que haga cumplir los frenos y contrapesos (CHECKS and BALANCES) que ya había sido tratado por Carlos Luis de Secondat Barón de la Brede y MONTESQUIEU en el siglo XVIII.

ES NECESARIO QUE EN LOS PODERES DEL ESTADO ESTÉN PERSONAS COMPETENTES Y CON CONOCIMIENTO, PARA EVITAR QUE LA IGNORANCIA ATROPELLE NUESTRA DEMOCRACIA.