BOLIVIA PAÍS DONDE EL VIOLAR LA CONSTITUCIÓN NO TRAE CONSECUENCIAS PARA SUS INFRACTORES

“LA COSTUMBRE BOLIVIANA HIZO QUE LA CONSTITUCIÓN SEA PERMANENTEMENTE PISOTEADA POR GOBERNANTES EN CUYAS VENAS CORREN PEQUEÑAS DOSIS DE AUTORITARISMO Y AMBICIÓN”

Desde el nacimiento mismo de nuestra república, jamás nos conformamos con cumplir las leyes o la constitución. Siempre buscábamos una forma de burlar el pacto social que habíamos acordado, esto por la ambición del hombre de perpetuarse en el poder, proteger sus intereses, o resguardarse de las sanciones que podrían venir a futuro a los malos administradores del Estado.

El Libertador Simón Bolívar, al momento de otorgar la constitución a la floreciente nación boliviana, nos alertó en un discurso en mayo de 1826 sobre las consecuencias de no respetar la división de poderes, tal vez porque en esa época ya se conocía sobre la fuerza que tenía la Constitución de los Estados Unidos de América (1789), sobre la estructura misma de un estado democrático producto del iluminismo de la época, además de las luchas gestadas en la revolución francesa para acabar con las autocracias ejercidas desde el poder del Rey.

Tal vez esa situación no duró por mucho tiempo en Europa, puesto que Napoleón Bonaparte, encargado de trasmitir e implementar el nuevo sistema republicano, embriagado por el poder abandonó sus postulados haciéndose nombrar emperador, desnaturalizando el sentido mismo de la nueva democracia republicana.

Retornando al Libertador, es necesario transcribir una parte de su discurso para entender el real sentido de una verdadera democracia representativa, que nos legó, puesto que es el pueblo en sí el que pasa a ser el poseedor absoluto del poder, si no veamos:

///…”Además el Presidente de Bolivia está privado de todas las influencias: no nombra los magistrados, los jueces, ni las dignidades eclesiásticas, por pequeñas que sean. Esta disminución de poder no la ha sufrido todavía ningún gobierno bien constituido: ella añade trabas sobre trabas a la autoridad de un jefe que hallará siempre a todo el pueblo dominado por los que ejercen las funciones más importantes de la sociedad. Los sacerdotes mandan en las conciencias, los jueces en la propiedad, el honor y la vida, y los magistrados en todos los actos públicos. No debiendo estos sino al pueblo sus dignidades, su gloria y su fortuna, no puede el Presidente esperar complicarlos en sus miras ambiciosas. Si a esta consideración se agregan las que naturalmente nacen de las oposiciones generales que encuentra un gobierno democrático en todos los momentos de su administración, parece que hay derecho para estar cierto de que la usurpación del Poder público dista más de este gobierno que de otro ninguno”

De esta reflexión se puede inferir de cierta manera que: frente a conflictos que siempre existirán en gobiernos democráticos, la salida nunca deberá ser el avasallar con el poder la voluntad popular que ha sido plasmada en una constitución como una forma de pacto o contrato social entre ciudadanos, según la cual debe primar la independencia de poderes, división nacida del espíritu de las leyes de Montesquieu.

Analizando la historia reciente, vemos que era normal entre las dictaduras militares americanas, y en especial la nuestra, designar por decreto a jueces y magistrados del poder judicial como una forma de protegerse de las posibles consecuencias sus propias fechorías. Obviamente si los dictadores no obtenían el poder mediante elecciones, entonces ¿por qué deberían respetar la separación de poderes? Eso no cabía en sus mentes; el tener una justicia sometida era la mejor forma de resguardarse.

Mediante Decreto Supremo 17612/80 el expresidente de facto Luis García Meza Tejada dispone la renovación del poder judicial boliviano, una osadía que jamás fue castigada, nombrando a los que asumirían ese alto tribunal de justicia.

DECRETA

ARTÍCULO 2.- Desígnase Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación a los siguientes ciudadanos:

Dr. R………..

Esto no paró ahí ya en plena “democracia”, cuando el entonces presidente Carlos Mesa designa autoridades judiciales y del Ministerio Público también mediante Decreto Supremo 27650, 30 de julio de 2004, violando de esta forma flagrante la Constitución Política del Estado de 1967, la cual no permitía que las autoridades de ese poder del Estado sean electas mediante ese mecanismo infralegal.

DECRETA

Artículo 1°.- (Designación de Ministros de la Corte Suprema de Justicia) Se designa interinamente en el cargo de Ministros de la Corte Suprema de Justicia a los siguientes ciudadanos:

1V…….

La nueva constitución de 2009 recibió su primer ataque sin que nadie detenga a los agresores. Estábamos ya acostumbrados a observar pasibles, cómo se ultrajaba nuestra carta fundamental. El Congreso boliviano el año 2010 emite la Ley Nº 003 de 13 de febrero de 2010 autorizando al entonces Presidente Evo Morales a designar por decreto a las autoridades del poder judicial. El argumento espurio era que había congestionamiento de procesos y que se debía designar a nuevos magistrados para solucionar el problema. ¿Si había retardación de justicia, por qué razón se suspendió a los magistrados de ese entonces que aún estaban vigentes en su mandato? Eso nos hace reflexionar que se trataba solo de un ataque perverso al sistema democrático y a la separación de poderes, un artilugio para cooptar el poder judicial con sus afines políticos

Si Bolívar y Sucre estuviesen vivos, probablemente estarían avergonzados por gran parte de los hombres ambiciosos que gobernaron el país, mismos que fueron socavando nuestra frágil democracia, pues los libertadores no nos libertaron de las garras extranjeras para que seamos esclavos de desalmados que con un poco de poder atropellan al pueblo con sus ambiciones.

Lo más curioso de ello es que LOS FLAMANTES POSESIONADOS COMO AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL, (TODOS ELLOS ABOGADOS POR CIERTO), no tuvieron vergüenza de ser parte de la violación a la Constitución, demostrándose que en el país importa más el ego personal que la violación a nuestro ordenamiento jurídico.

Actualmente resuenan nuevamente los tambores de una nueva infracción a la carta fundamental, cuyos perpetradores seguramente piensan que, como ninguno de los anteriores fue castigado por tamaña osadía de menoscabar el Estado democrático de derecho, una violación más no sería problema “total, si todos la han violado ¿por qué nosotros no podemos hacerlo?”

Nuestra historia está plagada de arbitrariedades realizadas contra las constituciones. Las generaciones presentes y futuras deben conocer estos hechos para evitar que ellos sean repetidos, pues vivir en democracia significa el respeto íntegro a la ley y a la constitución. No hacerlo es burlarse del pueblo que eligió a sus gobernantes y constituye una traición grave a ese mandato.